Estamos a escasos meses del décimo aniversario de la entrega del premio «Ciudad Europea Sostenible» al municipio mallorquín del Calvià por parte de la Comisión Europea y la Campaña de Ciudades y Pueblos Sostenibles. Aquello fue objeto de estudio universitario. El colectivo de geógrafos que estudiamos estas cosas lo sabemos bien. Estábamos ante el hecho inaudito de ver cómo un municipio sujeto al modelo turístico de «sol y playa», sentaba sus bases para su reinvención. Calvià activó todo un engranaje que tenía una doble intención: la renovación y recualificación de un destino tensionado por las nuevas pautas de comportamiento de la demanda turística, y la puesta en marcha de nuevos escenarios participativos más allá de lo que conocemos como democracia representativa. La fórmula «Agenda 21 de Calvià» fue exportada a distintos foros urbanos como ejemplo de esfuerzo institucional y social. Se vendió cuando no ejecutó, la aplicación de distintos planes de acción que incidían en la gestión del patrimonio urbano edificado, planes integrados de núcleos urbanos, criterios ambientales en el diseño de las intervenciones, etcétera. En diez años, el camino de Calvià, como el de otros municipios del Estado español, ha sufrido notables cambios, entre ellos los naturales de la alternancia en el gobierno local, que han terminado por desestabilizar lo que algunos piensan que fue una fábula por aquello de pensar en un horizonte superior a cuatro años. En la provincia de Alicante el mensaje llegó atenuado, tarde y distorsionado. La tecnocracia local asistió con recelo a aquellos aires de renovación, y en escasas ocasiones, los ideales de la Agenda y sus mecanismos de hacer política local, calaron en el código genético de nuestra clase política. Más bien al contrario, la existencia de un territorio ilimitado en comparación con el insular, acompañado de un modelo turístico sensiblemente diferente finalmente rematado por la espiral inmobiliaria, han terminado por situar la historia de las Agendas 21 en nuestra provincia en poco más que un departamento estanco dentro de la compleja Administración local. D e manera incipiente, la Diputación alicantina empieza a impulsar las Agendas 21 en nuestros municipios. No obstante, lejos le quedan otras iniciativas pujantes y que le pueden servir de espejo donde mirarse. Ejemplo de ello son las de Euskadi/Udalsarea, la Diputación de Navarra o Córdoba, y sobre todo la Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona. En nuestra provincia, el peso del compromiso y tutela es básicamente local (existe el enfoque comarcal), y aquí cada cual hace su planteamiento. Permítanme citar algunos ejemplos del estado y tendencias algunas de nuestras Agendas 21: en Dénia comienza a influir en el futuro Plan General de Ordenación Urbana al estar bien incardinada en la gerencia de Urbanismo, además, estrena para esta nueva legislatura una concejalía específica para estos temas. En el municipio de Teulada la gestión es todavía más notable y seguramente estamos ante la mejor aplicación de una Agenda 21 en nuestra provincia. Yo diría que en el resto de municipios está todo por consolidar, más aún con la entrada de nuevos grupos políticos. En Xàbia comienzan a discutir interesantes debates en torno al futuro planeamiento con la hipotética suspensión de suelo urbanizable sin programa aprobado para buscar alternativas de uso. Quizá en Calp se llega algo tarde al proceso, ya que la capacidad de acogida del territorio fue desbordada con la homologación del plan general en 1998, si bien los mecanismos de la Agenda podrían cambiar cuando menos las «formas» de gobernanza local. Parcent está a tiempo de recoger las ideas de su Auditoría y reconducir el modelo masivo al amparo de un planeamiento socialmente aceptado. En el sur e interior de la provincia la cosa decae salvo excepciones. Por norma las Agendas se diluyen todavía más en el complejo entramado administrativo. Podríamos afirmar que la Agenda 21 de Alicante está en fase de letargo y resiste como buenamente puede la de Alcoy. Otros ejemplos a seguir pueden ser las de Aspe, Petrer o Sant Joan, donde quizá el desgaste natural de los foros deban plantear los procesos de participación hacia métodos más abiertos y flexibles que incidan en la motivación del tejido social. Hay más ejemplos. La falta de voluntad política, la ausencia apoyos financieros estables, la descoordinación departamental y la ausencia de hábitos participativos por parte de la sociedad, suelen ser el cuadro sintomático que en bloque se presentan en la mayoría de nuestras Agendas 21. F inalmente advertir que esta herramienta puede servir de soporte válido para dar validez a los planes de participación pública que regula el Decreto 120/2006 (Reglamento de Paisaje) y la Ley estatal 9/2006 de Evaluación Ambiental Estratégica, pudiéndose convertir en un posible nexo de unión entre los procesos de Agenda 21 Local y el planeamiento municipal, ya que se puede participar de lleno en la regulación de usos y las actividades reales sobre el territorio de cada Ayuntamiento. José Vicente Sánchez Cabrera pertenece al Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana.
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